Medios de comunicación y democracia: más allá de la confrontacion entre gobiernos y empresas
Este trabajo busca identificar los problemas que debe enfrentar la regulación pública de los medios de comunicación en los regímenes democráticos, a partir de las contribuciones de un grupo de expertos de dentro y fuera de la región, recordando siempre que las generalizaciones sobre América Latina esconden situaciones nacionales muy diferentes.
En la última década, la mayoría de los países de América Latina han vivido
enfrentamientos constantes entre gobiernos y medios de comunicación. A veces en forma
velada, y frecuentemente en forma explícita, algunos gobiernos han buscado, a través de
nuevas legislaciones, modificar el cuadro actual de distribución de los medios, en nombre
de una mayor diversidad de opiniones y participación social. A su vez, los medios han
reaccionado contra estas declaraciones y medidas denunciándolas como ataques a la
libertad de prensa e intentos de amordazar la actividad periodística.
En sociedades modernas no existe democracia sin un periodismo capaz de actuar
libremente para informar e investigar los errores, abusos y excesos del poder público y
del poder económico. Sin duda, un periodismo totalmente libre y abierto a la diversidad
de opiniones es un ideal, que nunca se concretiza totalmente. Pero es un ideal que debe
guiar los esfuerzos de regulación y denuncias sobre distorsiones existentes no pueden ser
un alibi para intervenciones autoritarias. Desde la perspectiva de un compromiso con los
valores democráticos, entre los cuales se encuentra la defensa de la plena libertad de
expresión –que supone la existencia de un periodismo libre, sin ningún tipo de censura
gubernamental, investigativo, vigilante y crítico, con diversidad de opiniones, desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación y acceso a la
información de los más diversos sectores sociales-, el debate público sobre la regulación
de los medios de comunicación, es por lo tanto legitimo y necesario. Pero para avanzar
este debate es fundamental que no sea dominado, como ocurre actualmente, por la
polarización entre empresarios y gobiernos, que inviabiliza un diálogo que tenga como
objetivo el bien público.
En nombre de la diversidad y la participación social, varios gobiernos han promovido
legislaciones y, sobre todo, las han (o no) aplicado sobre medios, en función de sus
intereses políticos coyunturales, algunas veces atacando directamente el libre ejercicio
de la actividad periodística y la libertad de expresión. A su vez, los medios de
comunicación privados, en nombre de la defensa de la libertad de expresión, han ocultado
problemas reales de concentración de propiedad y el uso de los medios para defender su
propios intereses empresariales, muchas veces aceptando acuerdos tácitos con los
gobiernos de turno, que les permiten mantener situaciones oligopólicas ofreciendo como
contraparte un periodismo “controlado”.
En muchas oportunidades, la aparente oposición esconde una imbricación de intereses,
chantajes y apoyos mutuos entre gobiernos y sector privado, asociado a la distribución de
concesiones públicas (muchas veces auto-atribuidas a los propios políticos) o de recursos
oficiales para publicidad y cooptación individual de periodistas. Esta situación se
sustenta, inclusive en países donde la libertad de prensa es efectivamente respetada, por
una ley de silencio entre los medios, que en general no aplican, por interés corporativo, el
periodismo crítico investigativo en relación a otras empresas de comunicación.