La política de medios de Estados Unidos y la revolución global de la información
Artículo de Robert Corn-Revere, abogado con vasta experiencia en la Primera Enmienda y en las leyes de comunicación, como miembro de la firma Davis Wright Tremaine LLP en Washington, D.C.
Con el lanzamiento del Plan Nacional de Banda Ancha, en 2010, los formuladores de políticas en Estados Unidos transformaron Internet en la pieza central de las metas norteamericanas para la política de comunicación social en el futuro. Aunque el plan aborde un conjunto muy amplio de objetivos sobre cuestiones que van desde la prestación de cuidados de salud a la seguridad nacional, también procura promover el acceso universal de banda ancha en el servicio de participación cívica. El plan despertó cuestiones profundas que van al corazón de la política de medios.
Estas cuestiones surgen en la medida en que Internet estremeció los fundamentos de la comunicación tradicional y de la política establecida de comunicación. Paradójicamente, por un lado, el nuevo medio de comunicación tornó disponible más información para más personas que en cualquier otra época en la historia, y hasta mismo algunos medios de comunicación tradicional tienen más espectadores y lectores que nunca, pero, por otro lado, las empresas de comunicación luchan para crear un modelo de negocio que pueda sobrevivir en el nuevo ambiente. Dos agencias federales, la Federal Communications Commission (FCC) y la Federal Trade Commission (FTC), promovieron encuestas para desarrollar recomendaciones para cambios de política, con el objetivo de posibilitar al periodismo prosperar en la Era Digital. En cierta medida, los medios tradicionales ya estaban perdiendo su audiencia para medios más nuevos, pero estas tendencias fueron impulsadas en los últimos años por la crisis económica y, posiblemente, se tornen permanentes por los cambios tecnológicos que debilitaron los medios tradicionales con soporte en publicidad.
Las recomendaciones de políticas para el futuro deben tener en cuenta el hecho de que las funciones de los medios se volvieron convergentes, en tanto los modelos de regulación existentes en Estados Unidos se basan en distintos medios de comunicación que sirven a funciones distintas. Históricamente los medios de comunicación impresos no se sujetaron a una reglamentación per se, pero se rigieron por la ley general de negocios (business law) sujetos a la protección de la Primera Enmienda que garantiza la libertad de prensa. A comienzos del siglo XX, con el surgimiento de los medios electrónicos, el gobierno federal reglamentó los telégrafos y teléfonos como transportadores comunes. Y reglamentó por separado la radiodifusión como un medio licenciado imbuido de ciertas obligaciones «de interés público». El Congreso agregó nuevas categorías regulatorias, con reglas distintas, a medida que nuevas tecnologías fueron introducidas, tal como la televisión por cable.
El surgimiento de Internet planteó cuestiones fundamentales sobre la capacidad del gobierno de continuar creando nuevas clasificaciones regulatorias para nuevos medios. Es difícil racionalizar el abordaje anterior, de crear nuevos conjuntos de reglas basadas en las características particulares de un medio, con un medio convergente, que puede servir a todas las funciones de medios combinadas. Esto también despertó la cuestión de si la política de comunicación debe superar los límites del poder gubernamental establecido en la Primera Enmienda.
Estas cuestiones surgieron recientemente, ligadas a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para adoptar políticas tales como la “neutralidad de red”. Los esfuerzos iniciales de la FCC para imponer tales requisitos de “Internet abierta” fueron derrotados en la revisión jurídica, considerados fuera de la jurisdicción de la autoridad administrativa de la agencia. Su adopción de nuevas reglas de neutralidad de red, en diciembre de 2010, despertó directamente cuestiones referentes a la clasificación regulatoria adecuada de los medios online, así como de los límites de la autoridad de FCC para regular la banda ancha.
Hasta ahora, los formuladores de políticas norteamericanos tienen más preguntas que respuestas. Las nuevas tecnologías pueden haber debilitado las justificaciones históricas para la regulación de los medios de comunicación tradicionales. Las categorías regulatorias más antiguas no se ajustan a los nuevos medios. Este fue uno de los principales temas del informe de FCC de junio de 2011 sobre el futuro de los medios de comunicación, titulado “Las Necesidades de Información de las Comunidades”. Él reconoce que las inconsistencias resultaron del hecho de que las políticas existentes fueron creadas para tratar de los asuntos inherentes a un medio particular, y ahora el contenido está disponible en múltiples plataformas. Así, el informe encontró que muchas de las leyes existentes destinadas a promover los objetivos de interés público son ineficientes y que las políticas que un día tuvieron sentido no acompañaron los cambios en la tecnología de comunicación.
El informe de la FCC concluye que el gobierno no puede “salvar el periodismo”, y que las restricciones constitucionales limitarían las vastas tentativas de hacer eso. Pero, aunque documente la acentuada caída económica sufrida por las compañías tradicionales de medios, reconoce que «la extrema abundancia de medios convive junto con una seria escasez de información». Y hace una serie de recomendaciones de políticas, incluyendo el servicio universal de banda ancha e Internet abierta, mayor transparencia gubernamental, direccionar los gastos gubernamentales de propaganda para medios locales y hacer cambios en el código tributario para ayudar a los medios de comunicación sin fines lucrativos. Es incierto el grado en que esas recomendaciones serán implementadas por los formuladores de política.